En 2025, varias normativas impactarán de manera importante en la gestión de autónomos y pequeñas empresas en España, marcando un avance hacia la digitalización y la transparencia fiscal. Aquí se resumen los principales cambios:
- Factura electrónica obligatoria: A partir de 2025, la Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad de la facturación electrónica para autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMEs), lo que pondrá fin a las facturas en papel, Excel o PDF en transacciones B2B. Este cambio busca mejorar la transparencia, reducir errores y facilitar el control tributario, en línea con la iniciativa europea VAT in the Digital Age (ViDA). Las empresas y autónomos que no emitan facturas electrónicas conforme a los formatos establecidos podrán enfrentar multas desde 150 euros por cada documento incorrecto hasta un 75% del importe de la factura si se detecta falsificación de datos. Las infracciones graves podrían resultar en sanciones de hasta 10.000 euros.
- Sistema de cotización basado en ingresos reales: El sistema de cotización para autónomos se consolidará definitivamente en función de sus ingresos netos. Los autónomos deberán ajustar sus cotizaciones de acuerdo con sus previsiones de ingresos, y estas serán verificadas por la Seguridad Social en colaboración con la Agencia Tributaria. Este modelo ofrece cierta flexibilidad, permitiendo cambios hasta seis veces al año en función de las variaciones de ingresos, y contempla ajustes al final del ejercicio fiscal. Si un autónomo no ajusta su cotización según sus ingresos reales o no cumple con las declaraciones correspondientes, deberá abonar las diferencias al final del ejercicio fiscal, en caso de que haya cotizado por debajo de lo requerido. Aunque no se especifican multas adicionales en el proceso de regularización, es fundamental cumplir con las declaraciones para evitar recargos
- Registro horario digital: Se prevé que todos los autónomos y pequeñas empresas deban implementar un registro horario digital, accesible a la Inspección de Trabajo de forma remota. Esta medida se enmarca en un esfuerzo para formalizar el control de horarios y mejorar las condiciones laborales en pequeñas unidades productivas, con opciones de apoyo técnico para la transición hacia el registro digital. De aprobarse la obligatoriedad del registro horario digital accesible para la Inspección de Trabajo, las empresas y autónomos que no implementen este sistema podrían enfrentar sanciones que actualmente oscilan entre 626 y 6.250 euros, aunque las cifras exactas podrían variar según el tipo de infracción y la cantidad de trabajadores afectados
Estos cambios forman parte de un esfuerzo hacia la digitalización y la eficiencia administrativa, beneficiando a los negocios con procesos más ágiles y alineados a normativas modernas. Aunque estas adaptaciones representan un reto, también suponen una oportunidad para aumentar la eficiencia y optimizar la gestión contable y laboral en las empresas.